ASESINATO DE LÍDER SOCIAL EN TUMACO: EL RIESGO PERSISTE. Por: Nicolás Sánchez

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Por: Nicolás Sánchez

La junta de gobierno del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera no quiere saber de medios de comunicación. Agradecen la preocupación, pero no hablan. Están dedicados a ultimar los detalles del entierro de su compañero Jair Cortés, asesinado el pasado 17 de octubre en la vereda Restrepo, en Tumaco (Nariño).

A finales de septiembre de este año la junta en pleno (15 personas) y tres líderes de negritudes se desplazaron hacia el casco urbano de Tumaco. Habían salido del consejo comunitario tras amenazas proferidas por grupos ilegales que operan en la zona rural del municipio. Las intimidaciones llegaron tras oponerse a la pretensión de los armados de obligar a las comunidades negras, campesinas e indígenas que habitan en la región a protestar contra la erradicación forzada. El problema no es menor, ese municipio nariñense es el que más sembradíos de coca tiene, en 23.148 hectáreas, según la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito.

Las denuncias vienen de tiempo atrás, en un consejo de seguridad de la Gobernación de Nariño se habló de las presiones de los armados y por eso salieron del territorio. En un comunicado del 5 de octubre, horas después de la masacre que acabó con la vida de siete campesinos en la vereda El Tandil, la junta de gobierno reiteró: “Durante las últimas semanas se han venido presentando presiones de grupos armados hacia la comunidad perteneciente al Consejo Comunitario, buscando que asuman el rol de escudos humanos ante la intervención de la Fuerza Pública, la que realiza labores de erradicación forzosa”.

“Nosotros creemos que todo tiene que ver con eso”, enfatiza Celimo Cortés, representante legal de la Red de Consejos Comunitarios del Pacífico Sur (Recompas), que aglutina a 16 de estos. Por “esto” se refiere a la sustitución de coca que el Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera está impulsando desde septiembre del año pasado. El fin de semana pasado, incluyendo Jair Cortés, estaban reunidos con los funcionarios del Gobierno hablando de la sustitución de cultivos de uso ilícito.

“El mensaje fue claro: a los dirigentes comunitarios que no se opongan a la erradicación y que promuevan la sustitución serán víctimas de hechos violentos”, concuerda Hárold Ruiz, asesor de Paz y coordinador del Equipo de Acompañamiento a la Sustitución de la Gobernación de Nariño.

La amenaza se extiende a otras comunidades. Por ejemplo, la guardia indígena del pueblo awá también ha contrariado a la disidencia de las Farc cuando han pretendido obligarlos a manifestarse. El riesgo se agrava teniendo en cuenta que en varios sectores, a orillas del río Mira, la disidencia ejerce control territorial.

Era el caso de la zona en la que Jair Cortés ejercía liderazgo. Él había sido elegido como representante de la zona 4 del Consejo Comunitario, y allí impulsaba la sustitución voluntaria. En ese punto del resguardo hacen presencia los hombres comandados por Cachi, quien, se dice, sería un subalterno de Guacho, señalado disidente de la guerrilla.

Sin embargo, no son los únicos actores armados en el territorio. En el área rural de Tumaco también tienen presencia estructuras armadas del clan del Golfo, al mando de Contador, y un satélite del cartel de Sinaloa, comandado por David. Ambos grupos se oponen a los procesos de sustitución voluntaria. Además, la Defensoría del Pueblo emitió un informe de riesgo ayer, en el que se señala el surgimiento de un nuevo grupo denominado Guerrillas Campesinas del Norte, que según el documento se opone a la sustitución y opera en las cuencas de los ríos Mira, Nulpe y Mataje.

La protección de los líderes es una preocupación en Nariño. Ítalo Pantoja, subsecretario de Gobierno de la Gobernación, se queja de que “la Unidad Nacional de Protección (UNP) se demora muchísimo en sacar los estudios de riesgo”. El viernes 13 de octubre Jair Cortés había salido a visitar a su esposa, quien se encontraba enferma. Llevaba un chaleco antibalas y un celular que le había asignado la UNP.

La tierra: un conflicto vivo

Las Farc, tras la aplicación del Plan Colombia por parte de la Fuerza Pública en Huila, Putumayo y Caquetá, llevaron colonos a poblar territorios del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera. Así lo reconoció la exguerrilla cuando quedó estipulado en el capítulo étnico del Acuerdo de Paz que devolverían tierras en las cuales impulsaron el proceso de colonización.

Por lo anterior, las tensiones entre campesinos y negros son fuertes, tanto que cuatro fuentes que conocen la zona (entre quienes se encuentran funcionarios de la Gobernación y afrodescendientes) afirman que esas diferencias pueden ser la causa del asesinato de Cortés. Recuerdan el asesinato de Genaro García, líder de Alto Mira y Frontera, el 3 de agosto de 2015, a manos de integrantes de las Farc.

La Asociación de Juntas de Acción Comunal de los ríos Mira, Nulpe y Mataje (Asominuma) es la organización con la cual el Consejo Comunitario ha tenido diferencias muy fuertes en los últimos tiempos. Incluso, la señalan de ser la base política de las Farc.

“Rechazamos este tipo de agresiones contra los líderes. Ya hubo un caso con Genaro (García)”, enfatiza Diana Montilla, encargada de derechos humanos de Asominuma. Sin embargo, sobre la solución al tema de tierras hay dos versiones. Por un lado, Montilla asegura: “Hemos avanzado en el tema con el Consejo Comunitario”. Mientras que Celimo Cortés, de Recompas, dice que “no hay un clima de diálogo con ellos”, y complementa diciendo que en las mesas de concertación “no pasa nada”.

El desencanto con el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc se acentúa. No es para menos, en territorios donde se instalará la circunscripción especial número 10, acordada en La Habana, se han producido cinco homicidios de líderes. La desconfianza con el Estado llega al punto que personas de la región piensan que les quieren quitar la tierra para implementar parte del Acuerdo: “¿En dónde piensa que van a desarrollar los proyectos de la paz?”, preguntó un líder.

Los tres problemas que aquejan al Consejo Comunitario: los grupos armados, la coca y la tierra no se han resuelto. Mientras tanto, el presidente Juan Manuel Santos convocó para este jueves a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, en busca de estrategias para evitar más ataques contra los líderes sociales.

Tomado de http://pacifista.co/asesinato-de-lider-social-en-tumaco-el-riesgo-persiste/ .

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