EL GOBIERNO DE “LA LEGALIDAD” Y LA LIBERTAD DE SANTRICH. Por: Benedicto González Montenegro.

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Por: Benedicto González Montenegro, representante a la cámara (Atlántico) por el partido FARC, marzo 26 de 2019

En dos semanas se cumple un año de la ilegal captura y prisión del negociador de las FARC en la mesa de diálogos de La Habana Jesús Santrich.

Han sido días difíciles tanto para él, como para los que entendemos que el montaje urdido en su contra es un sabotaje al proceso de paz y al Acuerdo que le dio origen. No podemos pasar por alto que el repliegue táctico de Iván Márquez y de quienes acompañaron su decisión está relacionado con la ausencia de garantías jurídicas y físicas que quedaron al descubierto con la captura de Santrich. Muchos han querido ignorar y ocultar el nexo causal, pero de la libertad de Santrich depende en gran medida (y por supuesto de otras garantías efectivas), el futuro del Jefe de la Delegación de las FARC en la mesa de diálogos y del Proceso de Paz mismo.

Dos semanas también han transcurrido desde cuando el inquilino de la casa de Nariño anunció al país en dramatizada alocución que objetaba parcialmente la ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). La decisión de Duque, si aceptamos que fue él quien la tomó, más allá de dejar a la JEP sin estatuto, fue un desafío a la institucionalidad que dice defender y acatar. Desconoce un Acuerdo de Paz con rango constitucional, a la Corte Constitucional y a la Constitución misma. Con lo anterior, Duque envía el mensaje que está dispuesto a ejercer el gobierno con medidas excepcionales, otorgadas o de facto, ya que el actual marco legal no está a la medida de los planes de “consolidación”, del partido que lo gobierna.

Los ruidos de “Asamblea Constituyente” no son sólo para “meter mono” (como decimos en la Costa Caribe), sino un nuevo intento de revivir el debate de la unificación de las altas cortes y otros demonios, como la relección infinita para el que ellos llaman “Presidente Eterno”. En este cuatrienio de “Uribe reforzado III” como algunos le llaman, tendremos que aprender a identificar cuales acontecimientos políticos son de larga duración, cuáles de coyuntura, y aún más, cuales son verdaderos globitos distractores.

Por estos días poco o nada se habla del escándalo de corrupción alrededor de Odebrecht, de la investigación por la bomba en la escuela de cadetes que condujo a la suspensión de la mesa de conversaciones con el ELN, del “súper operativo” que dio con la captura del fiscal Bermeo y el ex-senador parapolítico “El tuerto Gil” en el que también quisieron sin éxito involucrar a Santrich. Las noticias pasan muy rápido, pero sus efectos quedan. Las afectaciones en la imagen y credibilidad de la JEP son evidentes. La campaña en su contra dirigida por el propio fiscal Martínez, el Presidente Duque –demandados por Iván Cepeda por prevaricato agravado- y el Centro Democrático con el apoyo de ciertos medios masivos de comunicación, siembran el terror en algunos de sus magistrados y magistradas. En últimas ese es el objetivo: Linchamiento político-mediático que erosiona su imagen y credibilidad en procura de que sus decisiones carezcan de fuerza y legitimidad y para que dicho tribunal aturdido o aterrorizado se inhiba de tomar decisiones de fondo que son de su competencia.

Tal vez faltan elementos para aseverar que “los tres huevitos” del presidente eterno son la misma “legalidad, emprendimiento y equidad” de Duque. La llamada Cohesión social que pregonó Uribe, ¿cómo se aplica en este periodo?  Lo cierto es que tanto Uribe como Duque han sometido a la población a estados de ánimo de terror y angustia a los que se le suma el odio.

Volviendo a Santrich, esta semana se vencería el término para que la JEP decida sobre la garantía de no extradición y en consecuencia sobre su libertad, hecho que desataría una nueva tormenta política. Lo cierto es que las pruebas en su contra nunca aparecieron de manos de los gringos ni de manos del fiscal Martínez. No tenían como aparecer, Santrich es inocente. Y si esto no fuera suficiente, en reciente fallo, la Corte Constitucional ratificó que la JEP si puede evaluar la conducta y practicar pruebas a fin de determinar la fecha de los hechos.

El pasado 10 de marzo, desde la Cárcel La Picota, Santrich denunció planes contra su libertad y su vida: “Quieren evitar mi libertad así ello implique la fabricación de nuevos montajes, con nuevas incriminaciones y obstrucciones al debido proceso”. Quieren “realizar una extradición arbitraria, independientemente de las decisiones de la JEP”; buscan “mi eliminación física, sea en la cárcel o fuera de ella, tal como ocurrió en el caso Pizano”. Fue entonces, cuando tomó la decisión de no recibir alimentos preparados en la cárcel y solicitó a la Segunda Misión de la ONU la gestión humanitaria para el suministro de los mismos. También hizo la denuncia de la existencia de planes para simular una fuga donde pretenden involucrarlo.

Después de objetar el Acuerdo de Paz, el presidente Duque viajó al ETCR de Tierra Grata, en el Cesar, a tranquilizar a los exguerrilleros (propósito en el que fracasó); allí le dispararon a quemarropa la siguiente pregunta: “¿Respetará su gobierno la decisión de la JEP sobre Santrich, así esta implique dejarlo en libertad”? Duque dio tumbos con sus conceptos de institucionalidad, respeto a la legalidad, etc. Pero no respondió la pregunta. La vice presidenta Marta Lucia Ramírez ha dicho que por encima de lo que decida la JEP Santrich debe ser extraditado. ¿Dónde queda entonces el respeto a la ‘Legalidad y a la institucionalidad’ que tanto pregonan?

A manera de conclusión, defender la paz implica exigir el cumplimiento del Acuerdo de La Habana y su inclusión como Capítulo Especial en el Plan Nacional de Desarrollo. Rodear a la JEP incluye la exigencia del debido proceso en el caso Santrich, sin arredrarse. Ante la ausencia de pruebas lo único que procede es el otorgamiento de la garantía de no extradición y en consecuencia su libertad. Esto daría tranquilidad a miles de exguerrilleros en proceso de reincorporación.

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