LA POLICÍA POLÍTICA DE VARGAS LLERAS. Por Gustavo Petro.

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Por: Gustavo Petro.

Después de una multa por ochenta millones de dólares que me impuso arbitrariamente la Contraloría por no subir las tarifas de Transmilenio, y ahora que ha sido admitida la demanda contra esa decisión por el tribunal administrativo de Cundinamarca, se propone el contralor de Bogotá Juan Carlos Granados, exgobernador de Cambio Radical de Boyacá, imponerme una nueva multa por más de 230 millones de dólares.

Además de embargar mis bienes que no eran sino dos cuentas de banco sin fondos que tenía desde hacía más de 30 años, y de impedirme laborar en mi país, el contralor Granados ha embargado los bienes del secretario de hacienda Ricardo Bonilla, gran profesor de economía de la U Nacional, de Aldo Cadena: un rancho de paja en Magdalena, y del actual alcalde de Ibagué y secretario de salud de Bogotá Humana: Guillermo Alfonso Jaramillo: tres hectáreas de tierra.

Se trata de una labor sistemática de persecución contra los dirigentes del Progresismo hecha desde un aparato administrativo del Estado usado como fortín de la clase política corrupta de la capital y de Vargas Lleras mi oponente hacia la Presidencia de la República.

En su actividad de embargo y de incautación de bienes, como lo hacía el partido conservador contra los liberales a principios del siglo XX, la policía política de Vargas Lleras se encuentra sorprendida. Entre más sube en la jerarquía de funcionarios de la Bogotá Humana, menos bienes tienen. ¿Que sucedería si esos embargos se hicieran contra la familia Uribe, los dirigentes uribistas o los de Cambio Radical, incluida la familia de Vargas lleras?

Para lograr tamaño desatino el contralor Granados, con varios procesos en la fiscalía por corrupción, ha quebrantado la ley varias veces.

En primer lugar, cuestiona mis decisiones expresadas a través de mi decreto tarifario, o las tomadas conjuntamente en la junta directiva de la EEB, cuando son asuntos que no me convierten en sujeto fiscal, ni están contempladas en la ley que regla el control fiscal.

Sabedor de ese prevaricato el contralor Granados excusa su actuación asimilando para sus procesos administrativos las presunciones de causa grave que se encuentran en la ley de la acción judicial de repetición, olvidando que ese proceso está reservado exclusivamente para los jueces, goza de todas las garantías de los procesos judiciales y no puede ser asimilado por autoridades administrativas que no tienen poder de sanción.

Las presunciones de culpa grave del proceso judicial de repetición son: a) haber sido condenado penal o disciplinariamente por los hechos y b) infringir flagrantemente la ley. Ninguna se produce en mi conducta.

Pero es así como logra multas tan altas, que no han sido impuestas a ningún colombiano, ni siquiera aquellos condenados penalmente por corrupción, como el caso de los empresarios de obras del cartel de contratación o el alcalde Samuel Moreno.

Las multas que me han impuesto Granados son más altas que lo que le pagaron a Colombia como indemnización por robarse Panamá, o las que pagó el gobierno alemán como indemnización por la primera guerra mundial.

Tamaño exabrupto se hace bajo el silencio de la prensa, cuyos directores en el fondo se complacen con las medidas, bajo la inacción del Presidente de la República, y bajo la mirada del Contralor General de la Nación que luego de estos exabruptos se extraña porque demandan el poder de su órgano administrativo para eliminar derechos políticos de los ciudadanos colombianos, tal como lo hizo Alejandro Ordoñez en su momento.

Mi decisión de construir una tarifa diferencial que no es un subsidio, y de establecer el subsidio Sisben, ese si subsidio, permitió que medio millón de personas, de los estratos con menos capacidad de pago de Bogotá se subieran diariamente a un bus, cuando antes por razones económicas hacían largas jornadas a pie, logró disminuir los tiempos promedio de movilidad de Bogotá y desacelerar el uso del carro y la moto logrando una base de mayor sustentabilidad en la movilidad, medidas que debían ser acompañadas de la construcción del metro y los tranvías que el mismo contralor Granados ha dejado suspender. El decreto de tarifas es hoy plenamente legal y se expidió bajo mis competencias constitucionales y legales como autoridad de transporte de la ciudad.

No solo el decreto de tarifas es legal, sino el del POT, el del aseo. Tenemos la paradoja, imposible en un país democrático en donde se me multa y se me intenta quitar mis derechos políticos por medidas que expedí y que los jueces han declarado legales, o donde no han encontrado razones hasta el momento para declarar una ilegalidad de mis actuaciones.

El proceso por el cual se compraron al grupo privado extranjero CITI sus acciones en TGI, fue acompañado de la mejor asesoría técnica, la empresa que valoró las acciones: Sumatoria, es de la mayor experiencia y prestigio en Colombia en valoración de empresas, sus dueños no tiene la más mínima afinidad ideológica o política conmigo, y yo me ceñí a su consejo técnico que mostraba que dicha operación sería la más rentable para la EEB y por tanto para los intereses de Bogotá en por lo menos la última década. Y Así fue.

La rentabilidad esperada del 28% en el primer año fue del 35%, en el 2014; en ese año logramos la primera repartición de dividendos por 600.000 millones de pesos, y TGI se convirtió en el mayor aportante de utilidades a EEB, desplazando a Codensa en ello. Convertí a TGI en la joya de la Corona de EEB.

Al contrario del detrimento patrimonial que pregona Granados, la empresa EEB duplicó su valor entre el 2011 y el 2015, lo cual significa un sustancial incremento del patrimonio de la ciudad de Bogotá. Sin embargo, por estos logros se me multará con 230 millones de dólares. Granados con funcionarios sin los conocimientos técnicos y la experiencia de Sumatoria, dice que esa empresa se equivocó en su método de valoración y que por tanto yo soy culpable por haber seguido su estudio.

Como en las decisiones de EEB participaron personas cercanas a Santos, a Luis Carlos Sarmiento y a Vargas Lleras, Granados comenzó por exonerarlas, y algo sin precedentes: la oferta con el precio exacto de la acción propuesta por EEB al CITI se hizo cuando no era alcalde y el alcalde era Pardo; sin embargo, a Pardo lo exoneró y a mí me acusó.

Granados fue un gobernador de Boyacá con serios cuestionamientos de corrupción, que el fiscal Néstor H Martínez no investiga, dado que Granados es militante de cambio Radical. Granados oficia como la policía política de Vargas Lleras y trata de debilitar la fuerza del progresismo y mi candidatura presidencial no por métodos democráticos, el de la confrontación de tesis y programas, sino con el método tradicional de la oligarquía: la eliminación del rival.

Completo año y medio de casi absoluto bloqueo económico. Sin ingresos excepto algunas conferencias, mi familia ha podido apenas resistir, mis hijos estudiar. No tengo ni cuentas, ni tarjetas, ni opción de empleo alguno. De no ser por los apoyos de simpatizantes en el país que me han permitido que me pueda mantener en Colombia, mi familia tendría vulnerada las condiciones mínimas de existencia física. Gracias al apoyo de personas humildes y trabajadoras en todo el país puedo mantener erguida la bandera progresista.

Pero Vargas Lleras está preocupado por las encuestas, no entiende del porqué de su fortaleza y agudiza su represión a través de su policía política enquistada en órganos del Estado contra la dirigencia progresista y contra mí.

Creo que es el momento de movilizarnos, de convocar las fuerzas que defienden la democracia en América y en el mundo, de solicitar a la justicia su acción. Si nosotros dejamos violar nuestros propios derechos políticos fundamentales, no tendremos autoridad para defender los derechos de la sociedad colombiana.

Vargas Lleras está demostrando la clase de gobernante que sería si es elegido. Las posibilidades de la Paz y de la democracia serían mínimas. Entre más nos persigue es porque más razón y fuerza tenemos. Saben que fuerzas importantes del pueblo nos acompañan y que estas crecen. Les da enorme temor perder los privilegios que han utilizado para el enriquecimiento ilegal de una clase política que ya no es capaz de gobernar a Colombia.

Las acciones de la Contraloría no nos inhabilitan ni para inscribirnos ni para ejercer el cargo de Presidente de la República. Las inhabilidades para ser Presidente son taxativas y están descritas en la Constitución Nacional, la deuda fiscal no aparece en ellas.

Pero con esas acciones arbitrarias buscan construir en el imaginario ciudadano el que gobernamos mal o fuimos descuidados con los recursos del pueblo.

Buscan ocultar que son ellos los que han dejado morir centenares de niños de hambre en la Guajira, que han entregado territorios completos a las mafias de la corrupción y del narcotráfico, que dilapidaron miles de millones de dólares en negocios como los de Reficar, las concesiones 4G con sus contratistas de siempre: Odebrecht, Sarmiento, Solarte, que usufructúan el negocio de los recaudos de transporte, del saneamiento básico, con protección de otro de sus integrantes de su policía política, el señor Robledo de la SIC; que entregaron con procedimientos corruptos y contra el interés general de la Nación y de los colombianos Isagen y Cafesalud.

La policía política de esa corrupción es la que nos persigue. Tenemos la conciencia tranquila, pero la gravedad de su acción nos demuestra que no tenemos más opción que ganar

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